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Rechazamos la decisión de la empresa de afectar su derecho a expresarse y cumplir su rol como representante sindical. La empresa debe saber que al sancionar a la delegada incurre en una violación gravísima de los derechos humanos, por tratarse de una representante sindical, pero también afecta sus derechos individuales.
La compañera Irene Haimovichi –delegada de prensa desde hace una década, trabajadora de prensa desde hace más treinta años y militante de toda la vida– recibió una carta documento, que la notificaba de una sanción disciplinaria grave.
La empresa hostiga, moral y psicológicamente, a una delegada que a su vez es la única integrante de la comisión interna que trabaja en la redacción del diario por el solo hecho de exponer el plan de reestructuración dirigido a “optimizar la producción periodística”. Las medidas que se disponen a tomar implicarán más reducción de puestos de trabajo, y la aplicación de cargas horarias y escalas salariales que no se condicen con el Estatuto y tampoco son resultado de paritarias de ningún tipo.
En este marco consideramos que con esta sanción se pretende acallar a la delegada y, por extensión, acallar toda expresión crítica a la conducción corporativa.
Lo llamativo es que los representantes del diario La Nación, sancionan a la compañera con la excusa de "externalizar a terceros" cierta información que la propia empresa se había encargado de hacer pública en una serie de reuniones con cientos de trabajadores de Redacción. Así el argumento se cae por sí solo.
La compañera difundió información que se refiere a las condiciones de trabajo de todos sus compañeros, incluso es su obligación realizar esta acción, si se considera que como representante de los trabajadores debe dar cuenta de todo cambio que afecte los salarios y los horarios, u otras condiciones laborales.
Por eso manifestamos nuestra solidaridad con la compañera, nuestro apoyo a su lucha en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, y exigimos que S.A. La Nación retire la sanción y se avenga a discutir los temas pendientes de manera democrática en una verdadera mesa de negociación.
Este tipo de sanciones que afectan a los trabajadores de prensa y sus representantes repercuten en forma negativa sobre los derechos humanos en general, y en particular lesiona el derecho a un trabajo digno y a contar con representantes sindicales.
Patagonia, 10 de junio de 2015
Flavio Ramírez, secretario general del SINDICATO DE PRENSA DE NEUQUÉN.
Yolanda Dips, secretaria general del SINDICATO DE PRENSA DE RIO GRANDE
Mónica Baeza, secretaria general del SINDICATO DE PRENSA DE COMODORO RIVADAVIA
Alberto Barría, secretario general del SINDICATO DE PRENSA DE SANTA CRUZ
